El narcotráfico en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona no se solucionará solo con la nueva ley de “deshaucios exprés”
@Accio-R-Amalia @AccioRaval accioraval@gmail.com
El grave problema de narcotráfico que se ha instalado en el distrito de Ciutat Vella no se solucionará solo con la ley aprobada el martes pasado en el Congreso de los Diputados porque es una consecuencia directa de la especulación inmobiliaria.
Muchos fondos de inversión inmobiliaria han estado siguiendo los últimos años una estrategia de degradar los edificios y el bario recurriendo, si es necesario, al “mobing” de vecinos con contratos antiguos o que se resistían a abandonar sus hogares.
Mediante esta estrategia han ido consiguiendo apoderarse de edificios enteros a bajo precio para convertirlos dentro de un tiempo en viviendas de lujo para extranjeros o turistas.
Este “mobing” ha consistido en distintas formas de presionar a los vecinos: dejar de hacer reparaciones, provocar averías en los suministros, amenazar directamente o fomentar que algunos intrusos molestos se instalaran en los pisos vacíos.
Ya hace unos años, esos fondos de inversión “contrataron” equipos enteros de intrusos que le hacían la vida imposible a los vecinos que aún resistían. La evolución de esos “equipos” a estas mafias organizadas era previsible y aquí las tenemos.
Cada vez hay más personas que no pueden quedarse en el barrio por su conflictividad, pero también por la subida desorbitada de alquileres, que es otra forma de deshacerse de los vecinos que no son lo suficientemente ricos para los fondos de inversión.
La falta de vivienda asequible produce la fuga de vecinos, pero también que algunas familias ocupen pisos vacíos para sobrevivir. Creemos que la nueva ley solo utiliza el problema del narcotráfico como escusa para acelerar el vaciado del barrio y asegurar a los fondos de inversión su negocio. Dicen que está pensada para echar a los narcotraficantes, pero, aunque lo parezca, no distingue entre pequeños propietarios y poseedores de muchas viviendas que las compran para especular.
Los pequeños propietarios también pierden en este proceso. Muchos ya no piensan en guardar su piso para los hijos porque el barrio parece ir a peor. Al final solo les quedará la alternativa de vender a bajo precio a los especuladores. Lo que parará el problema de degradación del barrio es que los vecinos puedan quedarse a vivir en unas condiciones dignas, y eso no se consigue solo con medidas policiales.
Además de una intervención policial más eficaz, exigimos a cada administración que haga lo necesario para garantizar el derecho constitucional a la vivienda:
1 – Que el gobierno central modifique la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), obligando a contratos más largos e invierta recursos para construir vivienda pública de alquiler.
2 – Que el gobierno central inicie un proceso de despenalizar el consumo de drogas y regule cada sustancia como sea más conveniente. Para que los vecinos podamos recuperar nuestros barrios, hace falta arrebatar a las mafias su negocio.
3 – Que la Generalitat de Catalunya invierta también mucho más en vivienda pública i modifique las condiciones de acceso a partir de unos parámetros más reales de sueldos, contratos precarios y condiciones familiares.
4 – Que el Ayuntamiento continúe dedicando recursos a los servicios sociales para gestionar los casos con más emergencias, haga políticas de recuperación de negocios y restauración de edificios, y mantenga sus planes de barrio para dignificar el entorno urbano.
